El
decreto de necesidad y urgencia denominado “Desburocratización y
Simplificación” avasalla, según la mirada del constitucionalista, la división
de poderes de la República.
Desafiando la institucionalidad, el Gobierno
Nacional acaba de avasallar las compuertas de la división de poderes mediante
el dictado, inmediata publicación y entrada en vigencia del Decreto 27/2018
(B.O. 11-01- 2018), groseramente denominado “Desburocratización y
Simplificación”.
Se trata, cuando no, de un decreto
nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los
recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N.
Recordemos el texto de esta norma, en
cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…”.
Ahora bien, con un Congreso de la
Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio PEN, ¿qué es lo que
impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de
un proyecto de ley que modifica –y derrumba- la estructura institucional del
Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes?
La respuesta es sencilla: no hay
ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo,
brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso
de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que
regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la
representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República
Argentina y el principio de la soberanía del pueblo.
El art. 36 de la C.N., una de las
incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994,
establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional,
condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los
golpes de estado. Y si bien es claro
cuando la usurpación del poder
político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno
Federal bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la
situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional,
cuando el quiebre del respeto y
resguardo a las incumbencias de los
poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder
Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus
incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a
los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación.
Es un grotesco institucional la
justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente
insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de
las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los
objetivos del presente Decreto…”.
Pareciera que la desmemoria del
conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de
Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente,
deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de
la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no existe
urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni
mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de
la Constitución Nacional.
Además, de una primera lectura del
extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal,
procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder
Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc.
3º, C.N.).
Estamos, indudablemente, ante un
golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las
instituciones de la república, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto
de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la
represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del
proyecto económico.
Recordemos, finalmente, que el propio
art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia
cuando se avasalla la supremacía de la Constitución Nacional.
El diputado Agustín
Rossi anticipó que el Frente para la Victoria (FpV) propondrá la
derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, con
la excusa de “desburocratizar el Estado”, flexibiliza los controles
para las empresas que incumplen la legislación laboral y permite entre otras
cosas embargos directos sobre las cuentas sueldo, que estaban prohibidos, y
otorga beneficios a las empresas y al sector financiero. “Está claro que el
presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento”, denunció.
El
legislador nacional aseguró que pedirá que la Comisión Bicameral analice el
decreto del Poder Ejecutivo redactado a medida de la OCDE que, en 22
capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas.
“La
ley de tratamiento legislativo de los DNU indica que hasta tanto las cámaras no
lo rechacen, el decreto está vigente. Así que en las sesiones ordinarias (que
se inician el 1 de marzo) vamos a pedir que el tema se trate en el pleno para
poder derogarlo”, aseguró.
Además,
Rossi calificó a ese decreto “ómnibus” publicado ayer en el Boletín
Oficial como “un intento de limitar la actividad parlamentaria” por parte del
gobierno de Cambiemos. Sostuvo también que esa norma “tiene algunos aspectos
que son claramente perjudiciales”.
Entre
ellos citó la potestad de las entidades financieras de “embargar las cuentas sueldo” y, también, el
cambio del destino de las inversiones del Fondo de garantía de sustentabilidad
de la ANSES. Esa norma establecía que los fondos debían “direccionarse hacia
las inversiones productivas, de manera que los aportes puedan generar puestos
de trabajo. Ahora, este proceso quedó orientado al sistema financiero”,
criticó.
También cuestionó la modificación de
las licencias de importación. “Esto va a tener un impacto negativo en la
industria nacional”, vaticinó. También cuestionó el artículo que
flexibiliza los controles a las empresas que transgreden la legislación
laboral. “Todas son cuestiones que le están exigiendo (al Gobierno) desde la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para tratar
de que la Argentina ingrese” a ese organismo y, también, “para liberalizar el
comercio”.
En diálogo con radio la
Patriada, el diputado nacional por Santa Fe estimó que, debido a la
extensión del DNU, el Gobierno “seguramente venía trabajando desde hace mucho
tiempo” en el texto. Su hipótesis es que eso fue así para sortear al
Congreso. “El oficialismo tiene una mayoría inestable en términos políticos”, y
por este motivo la gestión macrista “va a tratar de limitar la actividad
parlamentaria”, concluyó.
El gobierno copió casi
exactamente un párrafo de un decreto de Menem. Lo único que editó la versión
macrista fue la frase “economía popular”.
La denuncia estuvo circulando en
Twitter y llegó a los medios de comunicación.
En el DNU de Macri se dice: “Que
habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica,
caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos
los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y
transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye
un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”.
El decreto de 1991 desreguló el comercio
interior y exterior y liquidó las juntas reguladoras de carnes y granos, que
evitaban disparadas de precios en el mercado interno. Fue parte de una política
de privatizaciones y flexibilización laboral a ultranza que llevó a números
históricos los índices de desocupación e indigencia en Argentina.
Ahora Macri se “inspira” en su
antecesor neoliberal para iniciar un nuevo recorte de puestos de trabajo y
recursos estatales y beneficiar a empresarios que tienen trabajadores en negro.
Además, permite embargar las cuentas sueldo de los trabajadores, una medida que
beneficia a los Bancos y acreedores.
La copia, por supuesto, vino con una
cuota de edición, y no precisamente para hacerlo más amigable que el de Menem
sino todo lo contrario. A donde el texto de 1991 decía “economía popular de
mercado” para tratar de mostrar el avance neoliberal de una manera más
simpática hacia el pueblo trabajador, Macri lo reemplazó por “economía pujante,
competitiva y trasparente”, evitando así cualquier confusión sobre los objetivos
del gobierno.
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