Sinay Céspedes Moreno, PL Quito (PL)
Ecuador vive días intensos de cara a una consulta popular y referendo,
previstos en febrero próximo, que podrían ser considerados como uno de los
ejercicios electorales más polémicos de los últimos tiempos en este país
sudamericano.
Impulsado por el presidente de la
república, Lenín Moreno, para reformar la Constitución en aspectos de interés
general y alta relevancia para el futuro de la nación, el proceso, que
actualmente se encuentra en la fase de campaña por las dos opciones (Sí y No),
resulta necesario para unos y contradictorio para otros.
Las actividades proselitistas tienen
como protagonistas a dos partes: el ejecutivo nacional, que cuenta con el apoyo
de varias organizaciones políticas y sociales por la aprobación de la consulta
y referendo, y exafiliados al oficialista Movimiento Alianza PAÍS, quienes
liderados por el exmandatario Rafael Correa, y junto a algunas instancias,
consideran parte de su contenido inconstitucional.
El gobierno nacional sustenta la
tesis de que no hay mayor ejercicio de democracia que consultar a la población sobre
temas como eliminar la reelección indefinida (para permitir la alternabilidad),
derogar la llamada Ley de Plusvalía (pues afecta un importante sector como el
de la construcción), sustituir al Consejo de Participación Ciudadana (bajo cuyo
control están las principales instituciones del Estado).
Asimismo, defiende la necesidad de
evitar que prescriban delitos sexuales contra menores, reducir o eliminar la
minería metálica y la explotación petrolera en áreas especiales, así como
reforzar sanciones contra funcionarios políticos responsables de corrupción.
Sin embargo, para quienes respaldan
el No, las interrogantes esconden otros propósitos que pasan por impedir la
postulación de Correa a la máxima dignidad de la nación para las presidenciales
del 2021, poner en manos del jefe de Estado el dominio absoluto de las
instancias de control y afectar a la población al permitir nuevamente la
especulación del suelo.
Para quienes rechazan la consulta,
esas interrogantes resultan inconstitucionales, una regresión en los derechos y
hasta una forma de golpe de Estado (en el caso del reemplazo del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social).
Tanto el Sí como el No se empeñan en
atraer seguidores y para eso utilizan las redes sociales, los medios de
comunicación -a través de entrevistas y spots publicitarios-, así como
concentraciones y caravanas por todo el territorio nacional.
Para una parte de la población, el
tema de la consulta se ha convertido en un campo de batalla entre llamados
‘Morenistas’ y ‘Correístas’, como denominaron a las dos facciones en las cuales
se dividió la formación gubernamental, que hasta hace poco contaba incluso con
dos direcciones.
Ahora, tras la decisión del Tribunal
Contencioso Electoral de avalar a la junta propuesta por Lenín Moreno, los
bandos están más claros, pues Correa y varios asambleístas de PAÍS se
desafiliaron y promueven el Movimiento Revolución Ciudadana, aún pendiente de
obtener la clave informática que le permitirá reunir las firmas necesarias para
su registro en el Consejo Nacional Electoral.
Con ese panorama como fondo, en las
calles de Ecuador abunda la incertidumbre, a partir de la crisis en el seno de
la agrupación de gobierno, resquicio aprovechado por la derecha para intentar
sembrar desprestigio sobre la llamada Década Ganada, liderada por el
expresidente Correa, y generar dudas sobre la validez del proceso que dirige
actualmente Moreno.
Por otra parte, también hay opiniones
divididas entre analistas políticos y entendidos en materia electoral.
Recientemente un reconocido grupo de
políticos, intelectuales y dirigentes sociales de América Latina suscribieron
un manifiesto en el que expresan su ‘preocupación respecto de los efectos
nocivos que sobre el régimen político poseen’ algunas de las preguntas
incluidas en la consulta popular, convocada para el próximo 4 de febrero en
Ecuador.
En un Manifiesto difundido en medios
de comunicación y redes sociales, estimaron que la cuestión sobre la
constitucionalidad del referendo y consulta presenta nudos problemáticos, los cuales,
a pesar de ser locales, revisten implicancias que trascienden las fronteras
nacionales.
‘Consideramos que la omisión del
filtro de control previo de constitucionalidad ha dado paso a la formulación de
preguntas que podrían lesionar el modelo de Estado constitucional y democrático
vigente’, afirma el texto, denominado Manifiesto en Defensa de la Democracia en
Ecuador.
El uso de estos mecanismos con el
objetivo de bloquear un proyecto político que fue mayoritario durante la última
década en el Ecuador, significa una grave vulneración del principio de
pluralismo sobre el que se asientan nuestros regímenes democráticos
contemporáneos.
En concreto, la preocupación gira en
torno a dos de las preguntas rechazadas por los defensores del No: el cese de
funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que a su juicio representa
concentrar el poder en manos del ejecutivo y una violación grave al Estado de
Derecho, y la de dejar sin efecto la postulación indefinida, por afectar
derechos de participación.
Al respecto, instaron a impulsar y
respaldar la apertura social y mediática con vistas a un debate profundo y con
igualdad de espacios para todas las voces, sobre la constitucionalidad del
procedimiento de convocatoria y objetivos del referendo y consulta popular.
Igualmente sugirieron generar
espacios de reflexión sobre las cuestiones consultadas, teniendo en cuenta su
gran trascendencia democrática para el país y la región.
Al mismo tiempo, tanto el presidente
Moreno como los secretarios de estado insisten en que el ejercicio de consulta
es válido y tributará a una mejor administración, por lo que llaman a una
consulta del Sí por la alegría, por el futuro y la democracia.
Cuando ya la jornada electoral está
en conteo regresivo, unas encuestas colocan al Sí a la cabeza, mientras otros
sondeos reflejan que el No gana terreno, mientras su oponente va en picada, y
en medio de todo ese escenario, una parte de la población ya tiene su opción
definida, mientras otra sigue sin conocer las reales consecuencias de su voto.
A la consulta y referendo, que se
realizarán en todo el territorio nacional y las circunscripciones de
ecuatorianos residentes en el exterior, están convocados 13 millones 26 mil 598
personas, en cuya decisión estará el futuro de este país.
Por su importancia, los ojos de
América Latina y otras regiones del mundo están puestos en la campaña y se
mantendrán bien abiertos en espera de los resultados del proceso y primeros
pasos del gobierno, a partir del 4 de febrero.
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